Una nueva Reforma Universitaria

Por Prudencio Bustos Argañarás
Miembro de Esperanza Federal

(Versión actualizada de la publicada en La Voz del Interior el 9 de noviembre de 2004)

            Creo que entre los principales debates serios y profundos que nos debemos los argentinos –y que parecen estar totalmente ausentes de las “propuestas” electorales– se cuenta el referido a la Universidad estatal que tenemos, y la que queremos y necesitamos. Sin embargo, el populismo que inficiona nuestras instituciones y parece enseñorearse en todos los últimos gobiernos, evita ese debate, pues le conviene impedir que las cosas cambien para continuar medrando con nuestra decadencia.

Las pocas voces que se escuchan acerca del tema apuntan en general a reflotar los viejos mitos que todavía se esgrimen como verdades absolutas e irrefutables y que en muchos casos son, según mi criterio, la causa de la decadencia de nuestra enseñanza superior. Propongo en estas líneas un análisis desapasionado de algunos de ellos.

La gratuidad

            En las universidades de gestión pública la enseñanza debe ser gratuita, se nos dice, sin advertir que la gratuidad es una mentira, puesto que si no paga el que recibe el beneficio, lo hace por él el resto de la sociedad. Constituye además, un mecanismo perverso de reasignación de recursos, pues aunque a los impuestos los pagamos todos, es bien sabido que la mayor parte de los que concurren a la universidad no son precisamente los pertenecientes a los estratos socioeconómicos más bajos, sino los que gozan de una situación de cierto bienestar. Para decirlo en dos palabras, el resultado es que el obrero termina pagándole los estudios al hijo del rico.

Mucho más justo parece que el que puede pagar lo haga y el que no, si acredita dedicación y voluntad de estudio, reciba una beca que le permita hacerlo y si es posible, mantenerse con ella si sus necesidades son mayores. Si los mismos recursos que hoy se destinan a subsidiar la oferta, pasaran de esa manera a subsidiar la demanda, habríamos dado un paso importante en orden a su eficiente asignación y a la promoción de los sectores más postergados de la sociedad. Además de incrementar el presupuesto universitario con los aportes de quienes pueden pagar y de obligar a las universidades –estatales y privadas– a competir entre sí para atraer a los estudiantes.

El ingreso irrestricto

            Este es otro gran engaño al pueblo, al que se le obliga a pagar los estudios de todos cuantos quieran ingresar, sin permitirle que les exija previamente una demostración de su verdadera vocación y su concentración al estudio, que lo hagan acreedor a tamaño subsidio. El daño social resulta mayor aún por cuanto esos recursos que se le quitan a la comunidad, sirven para atiborrarla de profesionales mal preparados –porque la capacidad de la universidad se ve desbordada– en una cantidad que excede sus necesidades. Con lo que también se estafa al propio estudiante, que en buena proporción terminará colgando su título para manejar un taxi o instalar un kiosco, frustrando así una vocación y perdiendo varios años de su vida.

¿Puede concebirse mayor desperdicio social que éste? En ningún país serio del mundo se ingresa a las carreras de gran demanda en las universidades públicas sin examen previo, y resulta paradójico que sean los grupos autocalificados de izquierda los que reivindiquen el ingreso irrestricto, privilegiando el interés individual por encima del social. Desde luego que habrá que idear mecanismos de selección adecuados y eficientes para evitar las injusticias y las arbitrariedades, pero sin olvidar que la universidad no está para compensar las falencias de los niveles primario y secundario. Igualar para abajo es la mejor manera de deteriorar una sociedad.

            La más clara demostración de la incidencia negativa que este absurdo tiene sobre la calidad académica, lo proporciona la experiencia de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Córdoba, que ha visto mejorar sustancialmente el nivel de preparación de sus alumnos desde que tuvo el coraje de reimplantar el examen de ingreso con cupo.

El cogobierno

            Otro de los mitos es el del cogobierno, también un invento argentino que en ningún otro lado existe y que atenta contra la naturaleza misma de las cosas. El estudiante, al asumirse como tal, admite su ignorancia y reconoce la capacidad de sus profesores para enseñarle. Resulta entonces una rara paradoja que intervenga con su voto en la elección de quienes van a conducir la institución. Desde luego que deben implementarse mecanismos ágiles para que los estudiantes –razón de ser de la universidad– hagan conocer sus inquietudes y sus propuestas. Pero de allí a hacerlos gobernar hay un abismo.

            La universidad debe educar a los jóvenes para vivir en democracia, pero no corresponde aplicarla en la elección de sus autoridades y en su gobierno. La democracia sólo tiene cabida cuando los integrantes de una comunidad son iguales entre sí. Es posible en la sociedad civil republicana, en la que todos los ciudadanos somos –al menos en teoría– iguales ante la ley. Pero resulta inviable en instituciones en las que existen jerarquías, como la familia, las fuerzas armadas, las iglesias o los institutos de enseñanza. ¿Puede alguien concebir a un padre haciendo votar a sus hijos para decidir en qué gastará su sueldo? ¿O a los soldados eligiendo la conducta que van a seguir en la batalla?

Haber convertido a la Universidad en el campo de Agramante en el que los partidos políticos dirimen sus contiendas electorales ha sido la mejor manera de prostituirla. Hoy asistimos azorados a elecciones estudiantiles que disputan las distintas agrupaciones políticas, como si se tratara de bancas legislativas.. Ni qué hablar del caso de los no docentes, cuya participación en el gobierno universitario no resiste el menor análisis.

La autonomía

            Por último, merece un párrafo la famosa autonomía universitaria, entendiendo por tal la capacidad de una institución de fijar sus propias normas. Si la universidad pertenece al pueblo, que la financia con sus impuestos, le asiste a ese pueblo el derecho inalienable de imponerle, por medio de sus representantes, sus fines y algunas de sus pautas de manejo. Por caso, la determinación del número de profesionales que cada universidad –en este caso tanto las públicas como las privadas– puede admitir, debe ser establecida por el Congreso de la Nación, como parte de una política integral que contemple las necesidades de la sociedad y la capacidad de cada casa de estudios.

Otra cosa muy diferente, con la que suele confundirse la autonomía, es la libertad de cátedra, que sí debe defenderse a todo trance de los partidismos y los fanatismos. Vicios que preocupa haber visto prevalecer en casos como las persecuciones que debieron padecer profesores de la Universidad Nacional de Córdoba en años recientes, tales los casos del doctor Mariano Arbonés y la doctora Norma Pavoni.

            Seguir reivindicando los postulados de una reforma ocurrida hace 93 años resulta cuanto menos un anacronismo y parece más bien una excusa de los demagogos para dejar las cosas como están. Los problemas que aquejan a la universidad actual nada tienen que ver con los que existían en 1918 y exigen que nos ocupemos de inmediato de buscarles soluciones eficientes. Las consecuencias de los errores en este campo no se miden en años sino en generaciones y a los argentinos no nos está sobrando el tiempo para perseverar en el ejercicio de experiencias fracasadas.