Durante años enfrentamos a ladrones actuando solos o en muy pequeñas bandas sin
coordinación. Cada provincia era una realidad aislada, salvo por alguna
circulación del material robado.
Como la complejidad de los
delitos no superaba el robo a mano armada se buscó que la policía y la justicia
dieran una respuesta cuantitativa (más personal) aunque los recursos
tecnológicos fueran escasos y la capacidad de investigar casi nula. Los
gobernantes no creían necesario mayores sofisticaciones.
Pero la operatoria del narcotráfico
en Córdoba lo ha cambiado todo. Con su caja económica y su promesa de plata fácil
ha ido “disciplinando” a los delincuentes, integrándolos en una estructura de
mayor escala, recursos y más fácil conversión a dinero del fruto de los
delitos.
Hoy estas redes operan al
mismo tiempo drogas, trata de personas, tráfico de armas para el delito, desarmaderos,
tráfico de mercadería ilegal, secuestros y todo tipo de robos.
Los que lideran, lo hacen a
nivel nacional, con contactos internacionales. Su capacidad financiera es muy
importante: traer 1.000 kilos de cocaína desde el extranjero, corromper las
instancias de control, movilizarlos, cocinarlos, esconderlos, separar una parte
para enviar a Europa y distribuir la otra en miles de “dealers” supone una
operación de no menos de 20 millones de dólares en cada caso. Sólo para el
consumo interno de la Provincia se necesitan por lo menos 50.000 kilos de
cocaína al año y aproximadamente 80.000 kilos de marihuana.
El mapa del delito en
Córdoba ya no hay que confeccionarlo de abajo hacia arriba uniendo fragmentos,
sino al revés: desde las cabezas que poseen el financiamiento para sostener y
someter toda la estructura hasta el último “perejil” usado como mano de obra
barata.
Estos jefes negocian con mandos
medios (personajes del tipo del “chancho sosa”) que compiten por el dominio del
territorio y que a su vez lideran delincuentes rasos. Les responden también
punteros, barras bravas, dirigentes sociales desviados e incluso bolicheros y
productores de bailes de cuarteto. Pero nadie se corta sólo.
¿Quién
está a la cabeza? Si asumimos que son operadores locales de mafias como los
carteles colombianos y mexicanos, la guerrilla peruana, la mafia rusa o la
'Ndrangheta calabresa -que introduce la droga desde aquí a Europa- podemos advertir
la gravedad del desafío.
Ingresan con la misma
“flexibilidad” un cargamento de cocaína desde Colombia que entregan procesada y
camuflada en el puerto de Buenos Aires como un “cargamento” de mujeres
esclavizadas de República Dominicana que terminan en un Burdel de Morteros (por
dar un ejemplo). O para llevar la mercadería robada de una provincia a la otra
o a otros países. Se despliegan sobre las ciudades con una red de distribución
que sería la envidia de cualquier empresa comercial.
Tienen poder para corromper
al más alto nivel. Movilizan unos 500 millones de dólares al año sólo en
Córdoba y en concepto de drogas. Sumando los otros delitos y la reducción de lo
robado en todo concepto, la cifra se vuelve escalofriante. No prever y
controlar posibles vínculos de estas redes con el financiamiento de la política
y la corrupción es de una negligencia grosera.
El vendedor al menudeo que el
gobernador de Córdoba se ha propuesto perseguir es -en este marco- una
anécdota, así como el patrullero que le da cobertura. No lo harían si no
hubiera acuerdos estructurales para garantizar impunidad.
Los últimos anuncios, por
tanto, no deben tranquilizarnos. ¿Cómo
investigar a los jefes de estas redes de crimen organizado? Ese es el debate.
Pero no será creando un par de fiscalías y una oficinita de “Trata de personas”
como tendremos éxito. Seamos serios.
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