Por Daniel Alvarez
“En
cualquier lugar del mundo, habría una fuerte movilización contra el nuevo
saqueo a los fondos previsionales que se propone con el programo PROCREAR. Aún
suponiendo que en el mejor de los escenarios posibles, el comportamiento de la
inflación y los salarios repite en los próximos cinco años, lo sucedido en los
últimos cinco, y tomando los datos que publica el INDEC, los fondos de garantía
de sustentabilidad del ANSSES, medidos en cantidad de salarios/jubilaciones
posibles de pagar se reduciría casi a la mitad en los próximos cinco años.
El
incumplimiento de los deberes del funcionario público responsable del ANSSES,
es evidente, notorio y no castigado por
la justicia.”
La Financiación a
largo plazo de la vivienda, sólo se puede lograr con confianza y moneda
estable.
La Argentina es una
muestra viva de todo lo que no se debe hacer, si se quiere tener financiación
para la vivienda.
La confianza está
destruida, en un país en que la seguridad jurídica no existe, con permanentes
cambios de reglas, tanto por leyes como por decretos, con pretendidas
expropiaciones sin tasación, ni depósito previo, con repudio al pago de la
deuda, con un sistema estadístico falseado y con un discurso desde la cabeza
del ejecutivo, permanentemente distorsionado y mentiroso.
El peso ha dejado de
ser una moneda estable hace mucho tiempo, por lo que cualquiera sea el origen
de los fondos para financiar, uno de los puntos básicos previos a solucionar,
es el de la actualización del valor del m2 de referencia a largo plazo, a fin
de garantizar el recupero de los fondos invertidos.
Esto se vincula con
los niveles de inflación, que hacen inviable cualquier financiación a largo
plazo en la Argentina, aún cuando alguien pretendiera que la que publica el
INDEC fuera la real. En todos los esquemas propuestos últimamente, se pretende
que el que presta fondos a largo plazo pierda, lo hemos visto en décadas del
sistema FONAVI, en los préstamos del Banco de Córdoba (especialmente en versión
anterior) o del Banco Nación, incluso en épocas anteriores con el Banco
Hipotecario, cuando se lo manejó políticamente.
Los préstamos
hipotecarios en la Argentina, deben necesariamente actualizarse desde el
momento de otorgamiento de cada crédito, teniendo en cuenta la variación del costo
de construcción y de los salarios.
El Estado Nacional desde
su presupuesto general y no la ANSSES, es el que debe subsidiar la tasa de
interés real sobre valores ajustados, a aquellos que lo necesiten. Por otro
lado debe hacerse explicito en la escritura e hipoteca, el subsidio que se
otorga a la tasa de interés, en función de la condición social del tomador, el
que deberá ser reintegrado en caso de venta de la propiedad.
Este punto requiere
la posibilidad legal de la actualización, algo que si bien entre privados se
pacta frecuentemente, podría ser objetado legalmente, por lo que resulta
indispensable consensuar una renovada legislación sobre este punto.
El otro punto básico,
el de recuperar la confianza en las instituciones y el sistema jurídico en
general, es una tarea de largo plazo, pero que debe iniciarse de inmediato,
mediante un pacto institucional y político sobre puntos básicos elementales, el
que incluya graves sanciones para aquellos que pretendan modificarlo una vez
que se llegue a dicho acuerdo consensuado, sean miembros del poder ejecutivo,
legislativo o judicial.
Como muestra de la
demagogia con la que se engaña a tanta gente necesitada de la vivienda propia,
y sólo a título de ejemplo, si consideramos la propuesta en el plan Procrear de
que durante cinco años los créditos paguen una tasa fija en pesos de entre el 2
% y el 14 % anual (en promedio un 8%), y recién desde dicha fecha se ajusten
los mismos con un coeficiente de variación salarial.
Tomando la evolución de
dicho coeficiente de variación salarial desde el 30/04/2007 al 30/04/2012, que
pasó de 197,23 a 574,55, es decir se multiplicó por 2,91 (aumentó el 191 % en
los cinco años), podemos decir que si se hubieran otorgado préstamos hace cinco
años en las condiciones anunciadas, los mismos hoy, se hubieran incrementado
sólo en un 47 % (a la tasa promedio del 8 % anual), es decir se hubiera
multiplicado por 1,47. Conclusión, los fondos de garantía de sustentabilidad
del ANSSES, medidos en cantidad de salarios/jubilaciones posibles de pagar, se hubieran
reducido casi a la mitad (1,47/2.91= 0,50).
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