Declaración del Equipo de Esperanza Federal

“Existen serios indicios que en las elecciones legislativas del año próximo pueda ser manipulada la voluntad popular de los argentinos” A la opinión pública: Los miembros del Equipo Esperanza Federal, convocados por Civilitas, que venimos trabajando en la formulación de propuestas superadoras de las actuales distorsiones que vive el país a nivel político, económico y social, expresamos nuestro rechazo a ciertas medidas adoptadas por el Gobierno Nacional y leyes propuestas y promulgadas recientemente que tienden a aumentar el poder del Estado en su capacidad de condicionar la voluntad popular en las sucesivas elecciones, y que en su conjunto se muestran como indicios claros de un posible intento de manipular la voluntad popular en las elecciones del próximo año.
1) El Poder Ejecutivo Nacional ha impulsado un cambio en la Ley Electoral para permitir que voten los menores de 16 y 17 años, en forma voluntaria. El art. 37 de la Constitución Nacional establece que el sufragio es obligatorio por lo que allí se presenta la primera contradicción flagrante con principios constitucionales. Si se desea fomentar la participación de los jóvenes, la misma debería ser obligatoria. Esta modalidad de voto adolescente y voluntario, consignada en la nueva Ley N° 26.774 genera la sospecha fundada de que el Gobierno Nacional intente coaccionar para un voto a favor de sus candidatos a aquellos menores que, debido a su situación de exclusión y de falta de oportunidades, necesitan de la ayuda estatal para subsistir. De este modo, la fría lógica electoral, ha venido a suministrar al Gobierno de turno -y a futuros gobiernos- una nueva, y aún más vulnerable, base poblacional para operar a través de dádivas disfrazadas de planes sociales, mediante los cuales se constriñe a una gran cantidad de personas a votar por los candidatos de los oficialismos. 2) Se impulsa también el voto de extranjeros, que hasta ahora sólo podían sufragar -voluntariamente- en elecciones municipales. Es de una gravedad inusitada que personas que no han solicitado la ciudadanía argentina, incidan en la selección de las autoridades de la República. El agravante de que sean extranjeros con pocos meses de residencia en el país abre fundadas sospechas de que el objetivo sea operar electoralmente sobre estos grandes grupos poblacionales inmigrantes que se encuentran en situación de precariedad social, a través de la ya mencionada mecánica de promesas de reparto de planes sociales y de concesión de derechos nacionales. 3) Se ha “facilitado” al extremo la entrega de documentos nacionales de identidad que, en el marco de las posibles manipulaciones aquí denunciadas, podrían resultan herramientas claves, entregados en forma indiscriminada o no sujeto a los controles necesarios. 4) En contraste con estos sospechosos rápidos avances, no se ha sancionado una reforma del Sistema Electoral vigente para avanzar en la boleta única u otros mecanismos que eliminen toda posibilidad de realización de acciones vandálicas de militantes que roben boletas del cuarto oscuro o intervengan indebidamente en el conteo final de los votos, distorsionando el resultado efectivo del acto eleccionario. A esta altura de nuestra democracia -y de avance tecnológico-, ya debiera contarse con un mecanismo electoral que garantice que ningún aparato partidario tenga a su alcance los medios para modificar los resultados de una elección. 5) Tampoco se ha avanzado en la implementación y regulación de efectivos controles sobre el mecanismo de financiamiento de las campañas políticas, pese a las constantes sospechas sobre el origen de esos fondos que, campaña tras campaña, quedan latentes sin investigación ni sanción. Semejante inacción sólo puede alimentar sospechas y dudas en torno a la transparencia de esos fondos. Recordemos que la ley 25.600 fue promulgada parcialmente, pues el Decreto 990/02, vetó 20 artículos que reglamentaban la intervención de la Auditoría General de la Nación en el financiamiento de los partidos políticos, anulando por tanto el progreso que implicaba dicha ley. Este estado de situación, en definitiva, pone en manos del Gobierno de turno poderosas herramientas que permiten manipular y/o torcer ilegítimamente la decisión popular. Y esto adquiere particular gravedad cuando estamos en la antesala de una elección legislativa en la cual estará en debate una eventual reforma constitucional que permita un tercer período de gobierno para la actual presidente. Nuestras sospechas en este sentido no son injustas elucubraciones si tenemos en cuenta los antecedentes de acciones arbitrarias, avances sobre derechos fundamentales y atropello a la división de poderes y el funcionamiento de las instituciones republicanas y federales que posee este gobierno dispuesto –según las propias expresiones de la presidente- a “ir por todo”. Por ese motivo, convocamos a todas las instituciones de la República, las fuerzas políticas, las instituciones religiosas, sindicales, empresariales y sociales, ONG, universidades y organizaciones comunitarias a levantar la voz junto con nosotros para reclamar transparencia, una auditoría independiente, prudencia y previsibilidad en la manipulación de variables que puedan distorsionar la voluntad popular el año próximo. Córdoba, 2 de Noviembre de 2012.-