Por Mario Meneghini
Dr. en Ciencia Política.
Miembro Esperanza Federal*
Dr. en Ciencia Política.
Miembro Esperanza Federal*
Desde
hace un tiempo se ha extendido la preocupación por la supuesta pérdida o
disminución de la soberanía de los Estados nacionales[1].
Se parte de un error conceptual, pues la soberanía no es otra cosa que la
cualidad del poder estatal que consiste en ser supremo en un territorio
determinado y no depender de otra normatividad superior[2].
No es susceptible de grados; existe o no. Por lo tanto, carece de sentido
mencionar la “disminución” de soberanía de los Estados contemporáneos. Lo que
puede disminuir o incrementarse es el poder propiamente dicho, es decir, la
capacidad efectiva de hacer cosas, de resolver problemas e influir en la
realidad. Entonces, lo que nos debe interesar es si existe el Estado argentino,
pues, si no es así, obviamente resulta superfluo pretender “defender” o
“recuperar” la soberanía.
El Dr.
Marcelo Sánchez Sorondo ha estudiado el tema[3],
y conviene conocer su argumentación. Sostiene este autor, que todo Estado
incluye un gobierno, pero no todo gobierno implica que existe un Estado. El
Estado es una entidad jurídico-política, que surge recién en una etapa de la
civilización, como complejo de organismos, al servicio del bien común. Supone
una delimitación explícita del poder discrecional; si un gobernante puede afirmar “el Estado soy yo”,
queda demostrada la inexistencia de un Estado. Pues la hipertrofia del poder
personal, sin frenos, es un síntoma de la ausencia de un Estado.
En toda
institución -y el Estado es la de mayor envergadura en un territorio
determinado-, el dirigente se subordina a la finalidad perseguida y a las
normas establecidas. “No hay Estado si el contexto político y el orden jurídico
que lo encuadran son una ficción y por momentos una superchería. Cuando el
poder no se emplaza en la órbita de las instituciones sino que se adscribe a
una tipología grupal o meramente personal, entonces no se alcanza ese nivel de
civilización política que implica la existencia en plenitud, la plenipotencia
del Estado”[4]. El gobierno
no encuadrado en un Estado, es errático y caprichoso; sirve únicamente para el
enriquecimiento e influencia individual de los gobernantes, que no pueden
lograr el funcionamiento eficaz de la estructura gubernamental. De allí la
paradoja de culpar al Estado de todos los problemas, cuando el origen de los
problemas es la ausencia del Estado.
En
síntesis, la Argentina
no tiene Estado, sólo gobiernos. Pero, para intentar demostrar esta tesis, es
necesario profundizar en las notas características que distinguen a un Estado
contemporáneo, más allá de las formalidades constitucionales y del tipo de
gobierno establecido. Para ello, utilizaremos el esquema del Profesor de Mahieu[5]
quien define al Estado como el órgano de síntesis, previsión y mando, de
una sociedad territorialmente
delimitada, que procura el bien común. Es decir, que sólo puede calificarse de
Estado, aquel que cumple las tres funciones básicas señaladas.[6]
1. La función de síntesis. La unidad social es el resultado de la interacción de
las diversas fuerzas sociales constitutivas, síntesis en constante elaboración
por los cambios que se producen en los grupos y en el entorno. La superación de
los antagonismos internos no surge espontáneamente; es el resultado de un
esfuerzo consciente por afianzar la solidaridad sinérgica a cargo del Estado. A
semejanza del director de orquesta, es el Estado el que logra crear “una
melodía social unitaria y armoniosa”[7].
El poder estatal tendrá legitimidad en la medida en que cumpla dicha función,
garantizando la concordia política.
2. La función de planeamiento. El Estado centraliza la información que le llega
de los grupos sociales; recopila sus problemas, necesidades y demandas. Los
datos son procesados y extrapolados en función de los fines comunes, fijados en
la Constitución
Nacional y en otros documentos, que señalan los objetivos
políticos y los valores que identifican a un pueblo. Con mayor o menor
intensidad, según el modelo gubernamental elegido, es en el marco del Estado
donde debe realizarse el planeamiento global que establezca las metas y las
prioridades en el proceso de desarrollo integral de la sociedad, en procura del
Bien Común. Por cierto que, en una concepción jusnaturalista, el planeamiento
estatal sólo será vinculante para el propio Estado, y meramente indicativo para
el sector privado. La autoridad pública no debe realizar ni decidir por sí
misma “lo que puedan hacer y procurar las comunidades menores e inferiores”, en
palabras de Pío XI. Pero, debido a la complejidad de los problemas modernos, el
principio de subsidiariedad resulta insuficiente para resolverlos sin la
orientación del Estado, que mediante el planeamiento se dedique a “animar,
estimular, coordinar, suplir e integrar la acción de los individuos y de los
cuerpos intermedios”[8].
3. La función de conducción. La esencia de la misión del Estado es el ejercicio
de la autoridad pública. La facultad de tomar decisiones definitivas e
inapelables, está sustentada en el monopolio del uso de la fuerza, y se
condensa en el concepto de soberanía. El gobernante posee una potestad suprema,
en su orden, pero no indeterminada ni absoluta. El poder se justifica en razón
del fin para el que está establecido y se define por este fin: el Bien Común
temporal.
Si un
Estado no posee, en acto, estas tres funciones, ha dejado de existir como tal o
ha efectuado una transferencia de poder en beneficio de organismos
supraestatales, o de actores privados, o de otro Estado.
Esta es,
precisamente, la situación argentina, pudiendo citarse la opinión de tres
intelectuales de diferente posición:
* Dr. Jorge Vanossi
(siendo Ministro de Justicia): “La
Argentina es un Estado debilucho, que está al borde de la
anomia...”(La Nación ,
17/3/02).
* Dr. Manuel Mora y
Araujo: “...el Estado argentino no funciona. No cumple su papel, no brinda a la
sociedad los servicios que se esperan de él...”(La Nación , 20/3/02).
* Dr. Natalio Botana:
“...podemos llegar a una conclusión provisoria muy preocupante: que tenemos una
democracia en un país sin Estado y sin moneda.” (Clarín, 28/4/02).
Como
hipótesis, nos animamos a decir que el Estado argentino dejó de funcionar como
tal a partir de junio de 1970, con la caída del Gral. Onganía. Aplicando,
sintéticamente, el esquema teórico expuesto, podemos advertir que en la fecha indicada resultaron afectadas las
tres funciones básicas:
Síntesis: a fines de la década
del 60 comienzan enfrentamientos y disturbios sociales graves, que culminan en
una guerra civil. En mayo de 1969 se produce el Cordobazo, y un año más tarde,
el secuestro y asesinato del Gral. Aramburu. Del presente, baste citar: 900.000
jóvenes que no estudian ni trabajan; 12 millones de pobres y 5 millones de
indigentes; promedio de condenas por delitos cometidos en la última década,
3,2%.
Planeamiento: En
1966 se aprobó el Sistema Nacional de Planeamiento, que demostró su eficacia al
fijar, por primera vez en el país, las Políticas Nacionales (Decreto 46/70). Desde el 8 de
junio de 1970, con el desplazamiento de Onganía, dejó de aplicarse el
planeamiento como instrumento de gobierno, hasta el presente.
Conducción: Al aceptarse la
renuncia del Gral. Onganía, el 8 de junio de 1970 asume el poder político la Junta de Comandantes en
Jefe. El Proceso de Reorganización Nacional formalizó a la Junta Militar como
órgano supremo, con lo que, durante 7 años la jefatura del Estado dejó de ser
individual y se convirtió en triunvirato. De estos antecedentes, en que el
poder ejecutivo, pese a tratarse de gobiernos de facto, no estaba
centralizado -lo que explica muchas de
las situaciones vividas en esos años-, se pasó a una creciente personalización
del poder.
El actual gobierno
nacional, ha debilitado todas las instituciones, impedido el federalismo, y
exacerbado la concentración del poder en una sóla persona.
En
conclusión, si es correcto el análisis, la prioridad absoluta consiste en
restaurar el Estado, y procurar que actúe eficazmente al servicio del bien
común. Ello no ocurrirá como consecuencia necesaria de elaborar un buen
diagnóstico. Por eso, decía Don Ricardo Curutchet: “No basta con denunciar que
se pierde la Argentina ,
es necesario actuar para contribuir a salvarla”.
Es
insensato confiar en que, precisamente en el momento más difícil de la historia
nacional, podrá producirse espontáneamente un cambio positivo. Sólo podrá
lograrse si un número suficiente de argentinos con vocación patriótica, se
decide a actuar en la vida pública buscando la manera efectiva de influir en
ella.
Un
dirigente político no puede limitarse a exponer los principios de un orden social abstracto. La doctrina tiene que estar
encarnada en hombres que cuenten con el apoyo de muchos, formando una corriente
de opinión favorable a la aplicación de la doctrina. Debe encararse con
seriedad la preparación de un Proyecto Nacional y la constitución de equipos
aptos para aplicarlo.
[1] Toffler, Alvin y Heidi: La Soberanía ya no es lo
que era, La Nación ,
24/10/02, p. 17
[2] Bidart Campos, Germán:
Doctrina del Estado Democrático, Bs., As., Ed. Jurídicas Europa-América, 1961,
p. 55-66
[3] Sánchez Sorondo, Marcelo: La Argentina no tiene
Estado, sólo Gobiernos, Revista Militar Nº 728, 1993, p. 13-17
[4] Sánchez Sorondo, Marcelo:
op. cit., p. 14
[5] de Mahieu, José María: El
Estado Comunitario, Bs., As., Arayú, 1962
[6] Analizamos ya este tema
en: “El Estado Argentino en el Mundo Globalizado”, Boletín ACCION Nº 52, junio
2001
[7] de Mahieu: op. cit., p. 92
[8] Pablo VI: Enc. Populorum Progressio, 1967, § 33
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